Hace algunos meses, allá por el 2007, en momentos previos a las elecciones presidenciales y de convencionales constituyentes aquí en la provincia de De Angelis y de los pastizales ígneos, escribimos un textito sobre algunas intuiciones que teníamos respecto de los resultados del proceso de reforma a la Constitución Provincial, el texto es el siguiente:
"CONSTITUCIÓN Y MALA POLÍTICA
El amigo Niklas Luhmann tuvo algunas cosas que decir sobre el derecho y la política. Para nuestro sistémico sociólogo alemán el sistema político y el sistema jurídico son sistemas sociales que requieren de una fluida vehiculización de las irritaciones que mutuamente se causan, cada uno como entorno del otro.
Aquí es donde Luhmann pondrá en juego su categoría de “acoplamiento estructural”. Los acoplamientos estructurales permiten un mejor y más rápido registro de los “ruidos” del entorno. Al acoplamiento estructural entre derecho y política, Luhmann lo llamó: “Constitución”
Mas allá de las simpatías o desagrados que puedan despertar las visiones sistémicas luhmannianas, lo cierto es que la relación entre el derecho y la política se encuentra ampliamente documentada. Históricamente documentada. Filosófica, sociológica, antropológicamente documentada. Y claro, política y jurídicamente documentada. Partiendo de esta modesta certeza es casi inevitable llegar a algunas conclusiones poco felices. Las racionalidades y prácticas de “nuestra” política actual se visibilizarán, casi indefectiblemente, en la ingeniería constitucional que Entre Ríos se de a partir del año 2008. Para decirlo en blanco sobre negro. Una “mala” política debería necesariamente reflejarse en una “mala” Constitución. Claro está, lo de la “mala política” es netamente subjetivo, como casi todo sobre esta tierra. Pero la subjetividad se fundamenta así que veamos.
La política está en crisis, casi como todas las categorías centrales de la modernidad. El Estado nación, los partidos,
la representación, el concepto mismo de democracia. Efectos de la era global dicen autores como Beck, Habermas, Vallespín, Giddens y etcéteras.
A esto podríamos añadirle las características cuasi feudales de la política entrerriana. Que en más de 20 años solo haya habido 3 gobernadores en la provincia es una buena muestra de ello.
La ausencia de deliberación democrática, la inexistencia de sólidos mecanismos de participación popular, la relegación de las legislaturas y judicaturas a espacios satélites con relación a los ejecutivos, la defenestración de las minorías, la carencia de organismos de control de poder seriamente estructurados y políticamente independientes, la utilización de recursos y espacios institucionales para la más desembozada propaganda partidaria, entre tantos otros fenómenos; dan cuenta de la baja calidad de la política en Argentina y particularmente en Entre Ríos.
Una reforma constitucional direccionada bajo un registro de consolidación de un poder político coyuntural implicará, fatalmente, una constitución mediocre.
Claro es que podrán consignarse en el texto constitucional bonitos y amplificados catálogos de derechos individuales que no tendrán otro efecto que arroparnos bajo un barniz “progresista”, dado que como se sospecha, tal catalogo no agregaría mucho al texto de la Constitución Nacional y de los Tratados Internacionales; aunque, como dice Giovanni Sartori, en cuestiones vitales no está de mas un poco de redundancia.
Sin embargo allí, donde realmente la modificación de la trama constitucional tendría efectos concretos en nuestra vida cotidiana, es decir, allí donde se organiza y distribuye el poder, allí donde es posible mejorar sustancialmente la institucionalidad democrática, allí donde podríamos esperar la construcción de una mejor calidad del juego político, allí justamente es donde los pronósticos se tornan reservados.
Llama la atención la ausencia en la agenda del debate preeleccionario de algunos tópicos ineludibles. Problemáticas sensibles al pulso de la moderna teoría constitucional están lejos de tratarse seria y rigurosamente por la mayoría de los candidatos. Tal ausencia debería sernos familiar, no otra característica han tenido los procesos prelectorales en los últimos tiempos. Sin embargo seria dable esperar que, tratándose de la configuración próxima de un poder constituyente, los candidatos nos ofrezcan un menú diferente al acostumbrado. En ese menú por ejemplo podrían incluirse preguntas como estas:
- Habrá una discusión sería sobre la cláusula de “gobernabilidad” del art. 51 por la cual se asegura mayoría automática al partido mayoritario independientemente del resultado electoral. Que entienden los futuros convencionales por gobernabilidad? La gobernabilidad les resulta un valor con prelación sobre la calidad democrática, el control e independencia legislativos o, en definitiva, la voluntad popular? La pretendida modernización de la Constitución conservará no obstante un criterio de “gobernabilidad” que ya en 1933 sonaba arcaico?
- Plantearán claramente los futuros convencionales un sistema de acceso a las funciones judiciales, independiente del poder político e idóneo en términos técnicos y académicos para TODOS los cargos y niveles? O seguirá abierta la puerta para el trasvasamiento de ciudadanos y ciudadanas que un día ocupan un cargo legislativo o una fiscalía de estado y al siguiente se ubican en la máxima jerarquía judicial por el solo imperio de la decisión ejecutiva?
- Existirá la intención de una sería reforma del régimen electoral donde se incluya la remanida eliminación de las listas sabanas? Internas abiertas simultáneas y obligatorias? Obligación de presentar declaraciones juradas al momento de la presentación de listas y al fin del mandato? Rendiciones del manejo de las cuentas públicas?
- Se aprovechará la histórica oportunidad para el diseño de organismos de control extrapoder sin interferencias político-partidarias?
- Habrá alguna posibilidad de establecer instancias de presupuesto participativo? Se propondrá el establecimiento de un seguro social, obligatorio y universal? Quedará consagrada constitucionalmente la prioridad en la asignación de recursos para la niñez, la alimentación, la vivienda o la educación? Existirá la utopía de pensar en la equiparación de los haberes de docentes y médicos de hospitales públicos con los haberes de los legisladores, jueces o funcionarios del ejecutivo?
- Debería la constitución contener mecanismos mas flexibles de reforma o se insistirá con su rigidez y poca flexibilidad? Se incorporaran mecanismos de democracia directa? Con que características?
No es que ingenuamente aspiremos a una reforma con estos contenidos, pero al menos algunos de ellos deberían constituir la agenda del debate público. Mas el debate publico pasa por otro lado si es que pasa por alguno. La confluencia en la elección de un gobierno nacional coyuntural con la conformación de un poder constituyente que nos legará una constitución por varias décadas torna opaco el proceso.
Los candidatos, futuros constituyentes, insumen su tiempo en cuestionar a sus antagonistas, o a los antagonistas de su referente presidencial mas que en el análisis, la deliberación, la procuración de un proceso de discusión sustantivo en la sociedad civil . Mala política será entonces mala constitución. La mala política de entender a lo coyuntural como trascendente. La mala política de subordinar la ingeniería constitucional a la vocación hegemónica. La mala política de colocar lo táctico por sobre lo estratégico. La mala política de pensar en la distribución del poder desde una racionalidad vasallística.
Sin embargo dejemos una ventana abierta al optimismo. Creamos en las consecuencias no buscadas de la acción, en la potencia de la contingencia. Contingencia que se expresó por ejemplo en la reforma de la Constitución Nacional de 1994. Potencia de la contingencia que, ante un proceso previamente obturado, potenció sin embargo la ampliación de la Constitución vía la incorporación de los Tratados Internacionales más allá de las previsiones de los actores políticos del momento.
La potencia de la contingencia que nos autoriza a ilusionarnos con una Constitución de mejor calidad que nuestra querida política de todos los días."
Hoy, con la constituyente en marcha, el tono moderadamente optimista con el que cerramos el artículo parece absurdamente injustificado. Las tradicionales fuerzas mayoritarias , léase Peronismo y Radicalismo, han confluido una vez mas, al estilo pacto de olivos, para sostener la claúsula de "gobernabilidad " del art. 51 por la cual la fuerza que obtenga más votos en la elección para la cámara de diputados se queda automáticamente con la mayoría absoluta de la representación. La fundamentación mas descarnada estuvo en boca del ex gobernador de la provincia y presidente de la convención.
Dijo Busti: "las minorías no gobiernan". Ces´t finit
p/d: En el blog de Gustavo Arballo se trata el tema de esta manera
El amigo Niklas Luhmann tuvo algunas cosas que decir sobre el derecho y la política. Para nuestro sistémico sociólogo alemán el sistema político y el sistema jurídico son sistemas sociales que requieren de una fluida vehiculización de las irritaciones que mutuamente se causan, cada uno como entorno del otro.
Aquí es donde Luhmann pondrá en juego su categoría de “acoplamiento estructural”. Los acoplamientos estructurales permiten un mejor y más rápido registro de los “ruidos” del entorno. Al acoplamiento estructural entre derecho y política, Luhmann lo llamó: “Constitución”
Mas allá de las simpatías o desagrados que puedan despertar las visiones sistémicas luhmannianas, lo cierto es que la relación entre el derecho y la política se encuentra ampliamente documentada. Históricamente documentada. Filosófica, sociológica, antropológicamente documentada. Y claro, política y jurídicamente documentada. Partiendo de esta modesta certeza es casi inevitable llegar a algunas conclusiones poco felices. Las racionalidades y prácticas de “nuestra” política actual se visibilizarán, casi indefectiblemente, en la ingeniería constitucional que Entre Ríos se de a partir del año 2008. Para decirlo en blanco sobre negro. Una “mala” política debería necesariamente reflejarse en una “mala” Constitución. Claro está, lo de la “mala política” es netamente subjetivo, como casi todo sobre esta tierra. Pero la subjetividad se fundamenta así que veamos.
La política está en crisis, casi como todas las categorías centrales de la modernidad. El Estado nación, los partidos,
la representación, el concepto mismo de democracia. Efectos de la era global dicen autores como Beck, Habermas, Vallespín, Giddens y etcéteras.A esto podríamos añadirle las características cuasi feudales de la política entrerriana. Que en más de 20 años solo haya habido 3 gobernadores en la provincia es una buena muestra de ello.
La ausencia de deliberación democrática, la inexistencia de sólidos mecanismos de participación popular, la relegación de las legislaturas y judicaturas a espacios satélites con relación a los ejecutivos, la defenestración de las minorías, la carencia de organismos de control de poder seriamente estructurados y políticamente independientes, la utilización de recursos y espacios institucionales para la más desembozada propaganda partidaria, entre tantos otros fenómenos; dan cuenta de la baja calidad de la política en Argentina y particularmente en Entre Ríos.
Una reforma constitucional direccionada bajo un registro de consolidación de un poder político coyuntural implicará, fatalmente, una constitución mediocre.
Claro es que podrán consignarse en el texto constitucional bonitos y amplificados catálogos de derechos individuales que no tendrán otro efecto que arroparnos bajo un barniz “progresista”, dado que como se sospecha, tal catalogo no agregaría mucho al texto de la Constitución Nacional y de los Tratados Internacionales; aunque, como dice Giovanni Sartori, en cuestiones vitales no está de mas un poco de redundancia.
Sin embargo allí, donde realmente la modificación de la trama constitucional tendría efectos concretos en nuestra vida cotidiana, es decir, allí donde se organiza y distribuye el poder, allí donde es posible mejorar sustancialmente la institucionalidad democrática, allí donde podríamos esperar la construcción de una mejor calidad del juego político, allí justamente es donde los pronósticos se tornan reservados.
Llama la atención la ausencia en la agenda del debate preeleccionario de algunos tópicos ineludibles. Problemáticas sensibles al pulso de la moderna teoría constitucional están lejos de tratarse seria y rigurosamente por la mayoría de los candidatos. Tal ausencia debería sernos familiar, no otra característica han tenido los procesos prelectorales en los últimos tiempos. Sin embargo seria dable esperar que, tratándose de la configuración próxima de un poder constituyente, los candidatos nos ofrezcan un menú diferente al acostumbrado. En ese menú por ejemplo podrían incluirse preguntas como estas:
- Habrá una discusión sería sobre la cláusula de “gobernabilidad” del art. 51 por la cual se asegura mayoría automática al partido mayoritario independientemente del resultado electoral. Que entienden los futuros convencionales por gobernabilidad? La gobernabilidad les resulta un valor con prelación sobre la calidad democrática, el control e independencia legislativos o, en definitiva, la voluntad popular? La pretendida modernización de la Constitución conservará no obstante un criterio de “gobernabilidad” que ya en 1933 sonaba arcaico?
- Plantearán claramente los futuros convencionales un sistema de acceso a las funciones judiciales, independiente del poder político e idóneo en términos técnicos y académicos para TODOS los cargos y niveles? O seguirá abierta la puerta para el trasvasamiento de ciudadanos y ciudadanas que un día ocupan un cargo legislativo o una fiscalía de estado y al siguiente se ubican en la máxima jerarquía judicial por el solo imperio de la decisión ejecutiva?
- Existirá la intención de una sería reforma del régimen electoral donde se incluya la remanida eliminación de las listas sabanas? Internas abiertas simultáneas y obligatorias? Obligación de presentar declaraciones juradas al momento de la presentación de listas y al fin del mandato? Rendiciones del manejo de las cuentas públicas?
- Se aprovechará la histórica oportunidad para el diseño de organismos de control extrapoder sin interferencias político-partidarias?
- Habrá alguna posibilidad de establecer instancias de presupuesto participativo? Se propondrá el establecimiento de un seguro social, obligatorio y universal? Quedará consagrada constitucionalmente la prioridad en la asignación de recursos para la niñez, la alimentación, la vivienda o la educación? Existirá la utopía de pensar en la equiparación de los haberes de docentes y médicos de hospitales públicos con los haberes de los legisladores, jueces o funcionarios del ejecutivo?
- Debería la constitución contener mecanismos mas flexibles de reforma o se insistirá con su rigidez y poca flexibilidad? Se incorporaran mecanismos de democracia directa? Con que características?
No es que ingenuamente aspiremos a una reforma con estos contenidos, pero al menos algunos de ellos deberían constituir la agenda del debate público. Mas el debate publico pasa por otro lado si es que pasa por alguno. La confluencia en la elección de un gobierno nacional coyuntural con la conformación de un poder constituyente que nos legará una constitución por varias décadas torna opaco el proceso.
Los candidatos, futuros constituyentes, insumen su tiempo en cuestionar a sus antagonistas, o a los antagonistas de su referente presidencial mas que en el análisis, la deliberación, la procuración de un proceso de discusión sustantivo en la sociedad civil . Mala política será entonces mala constitución. La mala política de entender a lo coyuntural como trascendente. La mala política de subordinar la ingeniería constitucional a la vocación hegemónica. La mala política de colocar lo táctico por sobre lo estratégico. La mala política de pensar en la distribución del poder desde una racionalidad vasallística.
Sin embargo dejemos una ventana abierta al optimismo. Creamos en las consecuencias no buscadas de la acción, en la potencia de la contingencia. Contingencia que se expresó por ejemplo en la reforma de la Constitución Nacional de 1994. Potencia de la contingencia que, ante un proceso previamente obturado, potenció sin embargo la ampliación de la Constitución vía la incorporación de los Tratados Internacionales más allá de las previsiones de los actores políticos del momento.
La potencia de la contingencia que nos autoriza a ilusionarnos con una Constitución de mejor calidad que nuestra querida política de todos los días."
Hoy, con la constituyente en marcha, el tono moderadamente optimista con el que cerramos el artículo parece absurdamente injustificado. Las tradicionales fuerzas mayoritarias , léase Peronismo y Radicalismo, han confluido una vez mas, al estilo pacto de olivos, para sostener la claúsula de "gobernabilidad " del art. 51 por la cual la fuerza que obtenga más votos en la elección para la cámara de diputados se queda automáticamente con la mayoría absoluta de la representación. La fundamentación mas descarnada estuvo en boca del ex gobernador de la provincia y presidente de la convención.
Dijo Busti: "las minorías no gobiernan". Ces´t finit
p/d: En el blog de Gustavo Arballo se trata el tema de esta manera
Suscríbete vía Feed (RSS)
